Evitar la tortura en México
Descripción breve del proyecto
Denominación: Evitar la tortura en México
Comitente: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
País: México
Entidad responsable a nivel político: Las fiscalías de los Estados de Oaxaca y Jalisco, así como la Policía Federal y Estatal
Duración total: 2017 a 2019
Situación de partida
En junio de 2017 entró en vigor en México una ley contra la tortura, la cual constituyó un hito en el desarrollo del Estado de derecho mexicano. Dicha ley establece la prohibición absoluta de la tortura. Ya no son válidas aquellas pruebas obtenidas a través de actos de tortura. La tortura se penaliza, por lo que el autor de la misma y sus superiores incurren en responsabilidad penal.
No obstante, la aplicación de la nueva legislación supone un reto para el Gobierno mexicano. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el uso de la tortura en México se ha convertido en una práctica generalizada. Con frecuencia se emiten sentencias sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura. El Ministerio del Interior mexicano ha admitido la existencia de faltas y de actos de tortura. Se recurre a la intimidación y al uso del chantaje para arrancar confesiones cuando, por ejemplo, existe sospecha de que la delincuencia organizada está implicada. También se emplean métodos de tortura en actos de delincuencia común, así como para silenciar protestas sociales. De ahí que los afectados sean a menudo precisamente personas de los sectores pobres y marginados de la población, defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas sociales y, en función del Estado, también la población indígena y pequeños agricultores.
A diferencia de la ley anterior y de la legislación nacional, la nueva ley contra la tortura está en consonancia con la definición de tortura que establece la ONU en la Convención contra la tortura. En la elaboración de esta ley han participado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) y organizaciones no gubernamentales.
Objetivo
Por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, este proyecto contribuye a la implementación de la nueva ley contra la tortura en México. Se reduce la impunidad, se le brinda apoyo a la sociedad civil y se refuerza la confianza que la población tiene en el Estado de derecho mexicano. Las fiscalías y la Policía aplican con éxito la ley contra la tortura. Se respetan los estándares internacionales y se consideran las propuestas de la sociedad civil.
Procedimiento
El proyecto se concentra en tres sectores de intervención:
- Capacitar a la Policía Federal y a dos Coordinaciones Estatales
- Fortalecer la sociedad civil
- Establecer fiscalías especiales
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH brinda asesoramiento sobre los estándares internacionales en materia de derecho penal, normativa policial, prevención y reparación. Además, el ámbito prioritario es el asesoramiento de directivos y directivas en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, así como el asesoramiento organizacional y en materia de procesos. En este sentido, se le otorga prioridad a la mediación eficaz y a la implementación organizacional del nuevo marco legal. Asimismo, se mejorará la coordinación de las acciones del Estado, tanto verticalmente a nivel estatal y nacional, como horizontalmente entre las instituciones involucradas.
Resultados
Los directivos y directivas de la Policía Federal y Estatal, así como los miembros de la Procuraduría General de la República, están sensibilizados en la prevención de la tortura. El asesoramiento organizacional en distintos ámbitos de las fiscalías de los Estados de Jalisco y Oaxaca sienta las bases para establecer fiscalías especiales. Se ha impulsado el diálogo con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Se han adoptado acuerdos de cooperación con distintas organizaciones no gubernamentales que velan por la prevención de la tortura.